El Ejecutivo, a través de la Inspección de Trabajo, realizará  una cruzada  de control destinada a denunciar supuestas alianzas en los despidos entre las empresas y trabajadores.

La Inspección revisará  los despidos que tengan como fin el acceso fraudulento a la prestación por desempleo, o la jubilación anticipada.

Con esta revisión se pretende remediar:

1.Las empresas manden a sus trabajadores a jubilarse involuntariamente

2. Las compañías con beneficios, eviten la obligación de pagar al Tesoro el coste del desempleo de trabajadores mayores de 50 años que despiden en expediente de regulación.

3. Los pactos entre trabajador y empresa para que pueda acceder en connivencia a la prestación por desempleo

Esta  revisión  promueve  sanciones, que conllevarían la derrumbe  de la prestación por desempleo al trabajador, la obligación de devolverlas  y una pena de prisión de hasta 3 años en los casos más graves.

Para la empresa supondrían sanciones económicas entre 10.001 y 187.515 euros por trabajador en situación fraudulenta, y atendiendo a la gravedad de los hechos, condenas de prisión de hasta 3 años para casos más graves.

En mi opinión esta tarea asignada  a la Inspección de Trabajo es bastante difícil de acreditar. Pues debe tenerse en cuenta que el Inspector actuante debe valorar connivencia entre las partes y argumentarse con pruebas.