Los inspectores de Hacienda del Estado (IHE) han propuesto diversas medidas para reducir la economía sumergida, entre las que figura la idea de iniciar un debate público sobre la legalización de algunas actividades como la prostitución y el tráfico de drogas blandas para luchar mejor contra los efectos adversos que puedan generar y para obtener recursos que permitan compensar a la sociedad sus efectos negativos.

   Así consta en el informe que ha elaborado la organización titulado ‘Reforma fiscal española y agujeros negros del fraude. Propuestas y recomendaciones’, donde realizan un profundo análisis del sistema tributario y proponen más de 200 iniciativas de cara a la reforma que prepara el Gobierno.

  La propuesta ha sido presentada este miércoles en rueda de prensa por el presidente de IHE, Ransés Pérez Boga, que ha asegurado que los inspectores están muy preocupados por el devenir del sistema tributario, ya que no es capaz de recaudar lo necesario para sostener el nivel de gasto público en España.

   En el informe, los inspectores realizan muchas propuestas entre las que se encuentra la idea de abrir el debate sobre la prostitución y las drogas blandas. Los inspectores han señalado que algunos datos apuntan a que la prostitución podría generar unos ingresos de unos 6.000 millones, aunque las cifras tienen “margen de error”. A su juicio, hay mucha “hipocresía” sobre este tema y hay que abrir un debate “serio”.

   Dentro del ámbito de la economía sumergida legal, proponen la proliferación del uso de medios electrónicos, la ampliación de las restricciones del pago en efectivo, la eliminación de los billetes de alta denominación y el impulso del intercambio de información con la Seguridad Social.

   Para reducir el fraude fiscal y la evasión internacional, proponen 33 medidas de lucha contra el fraude y la elusión de las empresas transnacionales. Así, piden la modificación del régimen de precios de transferencia y la multiplicación de las inspecciones multilaterales, entre otras cosas.

   Además, se plantea una batería de propuestas para acabar con los paraísos fiscales, entre las que figura la de obligar a los bancos a identificar clientes en paraísos, no reconocer personalidad jurídica a empresas que operan desde estos paraísos o el pago a confidentes y actuaciones de incógnito.

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS COMO LAS DE LA DGT.

    Los inspectores plantean también 26 medidas para reducir la evasión fiscal apostando, sobre todo, por la concienciación ciudadana. En este sentido, Pérez Boga ha lamentado los efectos de la amnistía fiscal y ha resaltado la importancia de hacer campañas publicitarias como las de la DGT y de incluir esta materia en los planes de estudio de primaria y secundaria. También proponen eliminar los módulos.

   Para reducir el fraude, señalan ocho medidas para, entre otras cosas, hacer más rigurosas las normas de concesión de ayudas públicas y subsidios públicos, aumentar las sanciones en caso de descubrirse fraudes e integrar toda la información económica de cada individuo en una base de datos única que pueda ser utilizada por los organismos públicos que conceden ayudas.

RENUNCIA DE ALTOS CARGOS SI SON JUZGADOS.

   Analizan también el control del gasto público y plantean 14 propuestas para potenciar y dotar de más recursos al Tribunal de Cuentas, garantizar la independencia  de la Autoridad Fiscal con funcionarios no afiliados a ningún partido y de alta calidad técnica –como los inspectores–, medidas anticorrupción de las personas encargadas de decidir ese gasto y un mayor rigor a partidos políticos y altos cargos para que no puedan desempeñar sus cargos si están siendo juzgados por delitos económicos.

    También se propone modificar la ley de partidos y prohibir su financiación pública, negar el indulto a los condenados por delitos económicos, establecer la cuantificación del impacto de los beneficios fiscales y elaborar memorias anteriores y posteriores a la implantación de los beneficios para evaluar los costes y beneficios.

SISTEMA TRIBUTARIO ÚNICO.

   Para mejorar el funcionamiento de la Agencia Tributaria, piden la creación de una administración en red y avanzar a medio y largo plazo hacia un sistema tributario único, para lo que el Estado no debería ceder más competencias, sino que debería recuperar la gestión de algunos impuestos. Además, piden de nuevo que se integre en la reforma fiscal el estatuto básico de la Agencia Tributaria y que se nombre al director en el Parlamento.

   En materia de delito fiscal, plantean 17 iniciativas como la creación de juzgados especializados en estos delitos y elevar el umbral del delito a 600.000 euros y aumentar la pena para que se ingrese real y efectivamente en prisión sin recaer sentencia condenatoria. Además, plantean nuevos tipos de delitos como la tenencia injustificable de  bienes y derechos o el ofrecimiento de servicios o instrumentos para cometerlos.

   Sobre Aduanas e Impuestos Especiales, proponen 14 medidas para realizar una mayor integración de los órganos de inspección y reforzar las plantillas, entre otras, mientras que presentan 11 iniciativas para mejorar el procedimiento inspector, que pasan por elevar la duración del procedimiento de 12 a 24 meses  y hasta los 30 en algunos supuestos. Además, se propone crear unidades especiales para investigar a grandes patrimonios.

LISTA DE MOROSOS.

   Por otro lado, los inspectores proponen 8 medidas para mejorar la gestión tributaria y 42 para impulsar la recaudación, como el cambio de la ley concursal o la publicación de la lista de morosos formada por todos los deudores en periodo ejecutivo sin deuda aplazada, regulando su límite cuantitativo, los datos a incluir y sus efectos en los diversos ámbitos administrativos.

   Finalmente, se incluyen 21 medidas en el ámbito de las comunidades, entre las que se incluyen la modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio para dar un tratamiento uniforme a nivel nacional y mejorar la coordinación.

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS)